Justicia para unos, castigo para otros
El SIAPA parece tener favoritos. Mientras algunos municipios reciben descuentos millonarios y acuerdos poco transparentes, otros son presionados con amenazas de cortes inmediatos. Y los ciudadanos, ¿qué recibimos? Agua de mala calidad y recibos que no perdonan.
El problema del SIAPA no se limita a simples adeudos. Se trata de un sistema que opera con doble rasero:
- Municipios privilegiados como Guadalajara, Zapopan y Tlajomulco reciben acuerdos sospechosos, descuentos millonarios y facilidades de pago que reducen sus deudas a cifras ridículas.
- Otros municipios, como Tlaquepaque y Tonalá, son presionados con amenazas de cortes inmediatos, sin oportunidad de negociación.
La desigualdad es evidente: mientras unos gozan de beneficios, otros enfrentan sanciones severas.
Además, el Congreso aprobó descuentos de hasta el 80% para quienes reciben agua en mal estado. A primera vista parece justo, pero las condiciones lo vuelven casi imposible:
- Solo aplica a las 200 colonias previamente dictaminadas por el SIAPA.
- Los beneficiarios deben estar al corriente en sus pagos, es decir, primero pagar y luego reclamar.
Esto significa que los ciudadanos terminan pagando por agua contaminada, arriesgando su salud y soportando un servicio deficiente.
La situación se agrava porque el propio Secretario de Salud del Estado ha confirmado que el agua no es potable. Esto ha generado un nuevo negocio paralelo: la compra de pipas y garrafones, un mercado que crece mientras el SIAPA se hunde. ¿Quién se beneficia de este negocio? ¿Quién autorizó que la ciudadanía cargue con ese costo adicional?
Por si fuera poco, el municipio más beneficiado por el SIAPA ha sido Zapopan, donde el actual director del organismo, Ing. Ismael Jáuregui Castañeda, fue antes director de obras públicas. La coincidencia despierta sospechas de un conflicto de interés: ¿se favorece a Zapopan por vínculos políticos más que por criterios de justicia y equidad? Este tipo de relaciones comprometen la credibilidad del organismo y refuerzan la percepción de que el agua se administra con criterios de conveniencia, no de equidad.
La deuda acumulada supera los 20 mil millones de pesos, y la pregunta sigue sin respuesta: ¿cuánto de esa cartera vencida se va a recuperar realmente y cuándo? Mientras tanto, los ciudadanos seguimos pagando puntualmente por un servicio que no cumple con lo más básico: entregar agua limpia y segura.
Ya basta de simulaciones y acuerdos en lo oscurito. El agua no es un negocio, es un derecho. Los ciudadanos no merecemos pagar por un servicio deficiente mientras los políticos se reparten beneficios.
No podemos ignorar que el municipio más beneficiado por el SIAPA ha sido Zapopan, y que el actual director del organismo mantiene vínculos directos con ese municipio. La sospecha de sesgo es inevitable y debe ser investigada.
Es momento de exigir transparencia, justicia y participación real. Acciones ciudadanas para los ciudadanos: nadie va a defendernos si no lo hacemos nosotros mismos.
Atentamente Observador Ciudadano